ZP, ese hombre - II parte

Mucho se ha escrito sobre el requerimiento que el juez Del Olmo hizo al periódico El Mundo para que entregase los documentos del sumario del 11-M en su poder y distintas posturas hemos visto sobre el particular.

El Gobierno dice, por boca de su vicepresidenta, que «“En el Estado de Derecho debe haber una compatibilidad entre la libertad de expresión y la necesidad de que algunas actuaciones judiciales sean discretas cuando no secretas...”»

Las asociaciones y sindicatos de editores y periodistas dicen que el requerimiento judicial es «”una grave vulneración a los derechos a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información”» y que se trata de «”un clarísimo ataque al derecho a la información”» a lo que Izquierda Unida añade que «”el Juez Del Olmo puede pedir una determinada documentación y tiene derecho a ello por un interés en defender, por ejemplo, el procedimiento judicial y las personas que están incursas en ese procedimiento, y el medio de comunicación puede darla o no en función de un criterio superior que es la libertad de expresión”»

El Gobierno alude a la necesidad de mantener en secreto algunas informaciones y los comunistas reconocen que a veces es necesario defender a las personas que por dicha información puedan ponerse en peligro, como serían los testigos protegidos, aunque dejan claro que la libertad de expresión es un criterio superior que se antepone al anterior. Los profesionales de la información están en esa línea y para ellos no existen más derechos que el de la información, de la que viven. El estómago manda.

Pero aunque la izquierda en general y los periodistas en particular mantienen su postura tradicional, el Gobierno de Zapatero no siempre defendía la necesidad de que alguna información deba permanecer secreta. Me refiero a las fotos sobre las “torturas” en las cárceles de Irak.

El PSOE de ZP no dudó en utilizar las fotos contra la coalición, incluida España –en cuyo asunto Borrell quiso vincular a Aznar y justificar así la necesidad de la retirada inmediata de nuestras tropas– a pesar de que ello previsiblemente iba a provocar reacciones de odio, como de hecho sucedió, originando numerosas muertes de inocentes en represalia y venganza debida al odio que tales imágenes desataron. Hasta entonces ningún rehén había sido degollado. En cualquier caso, las “torturas” no produjeron muertes, su difusión si.

La difusión de las fotos se hizo con la misma justificación de la libertad de información que ZP reclama sólo cuando le favorece y aunque los periodistas exhiben el deber de información para dar a conocer noticias que pueden tener un alto precio para los implicados, no deja de ser una inmoralidad vender tales mercancías sabiendo que van a provocar desde perjuicios hasta la muerte de inocentes.

El derecho a la información es fundamental en una democracia, pero tiene límites desde el momento en que causa más daños que beneficios y condena a muerte a inocentes. Es por eso que las democracias también se reservan el derecho de vetar determinada información. No se pueden arrasar unos derechos vitales en beneficio de otros, igual de valiosos pero menos trascendentes. La vida de las personas no puede reponerse.

Dar publicidad a las fotos de las torturas en las cárceles iraquíes pudo aplazarse y retenerse como “información reservada” para evitar las represalias que se sucedieron. Ni mucho menos estoy planteando que deban ocultarse tan graves hechos. Simplemente pongo en duda la oportunidad y conveniencia de darlas a la luz pública mundial en esos momentos, ya que, sin perjuicio de investigación y medidas correctoras inmediatas, las autoridades deberían haber intervenido con absoluta discreción para evitar que tan desgraciado escándalo provocase muertes innecesarias. Lo responsable hubiera sido actuar inmediatamente pero aplazar su publicidad. Creo que el derecho a la vida está por encima del derecho del gran público a la información y demás derechos de expresión que por comparación pasan a ser intrascendentes.

Efectivamente, el derecho a la información y la libertad de expresión junto con el deber de informar de la profesión periodística hay que hacerlo compatible con el derecho a la vida y a la propia seguridad de las personas que pueden verse afectadas en su integridad física por tal información, pero esto no era lo que defendía ZP cuando estaba en la oposición contra el PP porque entonces lo que todos defendían era la libertad por encima de todo.

No creo que esas noticias, mientras se pongan en peligro vidas humanas por causa de ello, sea necesario que salgan del ámbito gubernamental y militar que, si bien son los encargados de investigarlas, evitarlas, juzgarlas y castigarlas, son también responsables de preservar la vida de los ciudadanos, militares o no.

La incidencia de la información sobre derechos fundamentales de los ciudadanos (la vida, la libertad, etc.) y sobre los atributos superiores del Estado (soberanía, independencia, integridad territorial) es incuestionable y por ello en todos los países existen mecanismos de sustracción de información al conocimiento general, precisamente en salvaguarda y tutela de esos bienes de interés general. Es la llamada “Información Reservada”. En todos se acepta como necesario situar al margen de la publicidad determinados aspectos de la acción de los poderes públicos, ya que el derecho a la información de los ciudadanos no tiene un alcance ilimitado.

El principio de publicidad y transparencia es una demanda del Estado de Derecho en garantía del mejor ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero ello no significa que no existan fundamentos éticos o de seguridad que permitan a los poderes del Estado eludir del conocimiento general de los ciudadanos ciertas materias que, por su contenido y características, son merecedoras de ser declaradas reservadas o secreto su contenido. Aunque no debe confundirse o calificarse de censura encubierta lo que tiene la consideración legal de “Información Reservada”. Esa información, como toda la que ponga en peligro al Estado o pudiera originar graves pérdidas personales o materiales, debería ser secreta durante el tiempo necesario para que los ciudadanos –civiles o militares– no vean incrementado su riesgo de muerte.

Ya no se trata de cuestiones de privacidad o del honor de una persona sino de algo tan irremplazable e imposible de restituir como es la vida. Ante ello han de olvidarse otros derechos cualesquiera que sean y de quienes sean, ya que ningún derecho, sea de periodistas o de ciudadanos, puede poner en riesgo la vida de otros.

En Irak tuvimos un despreciable ejemplo de las libertades llevadas a extremos inadmisibles. Ni los periodistas ni los ciudadanos tenían derecho a informar o ser informados a costa de la vida de personas inocentes. Aquel fue un claro ejemplo de lo que hoy defiende ZP aunque entonces era de los que defendía la libertad de información a pesar del degüello televisado de personas.

Pero hoy lo que le interesa defender es todo lo contrario para que no salgan a la luz informaciones que le perjudican. Ni entonces ni ahora en tan contradictorias posturas le han guiado razones éticas.


Posdata: Justamente hoy, la soldado norteamericana Lynndie England ha sido condenada a tres años de prisión por maltratar a los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib, en Iraq. La condena no contempla el término "tortura", sino el de "maltrato". Irresponsable y despiadadamente, tanto la izquierda mundial como la izquierda provinciana de ZP hicieron retumbar el eco de las "torturas" hasta provocar venganzas desproporcionadas. Los que maltrataron van a pagar, los que se vengaron matando posiblemente también, pero los que azuzaron a los terroristas contra los americanos nunca pagarán aunque sabemos sus nombres.